Caracas.- Al coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, las declaraciones del comandante del Comando Regional número 5, general Antonio Benavides, quien sugirió que no se incluyan en las cifras de homicidios las muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos policiales, no le causa sorpresa.

Afirmó que dicha tesis ya fue asomada, en su oportunidad, por el ex ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño.

Al hacer un análisis de tal planteamiento, el especialista en Derechos Humanos destacó en primer lugar, que ocultar estas cifras no permitiría diagnosticar de forma completa la situación de violencia del país.

"Cuando un presunto delincuente enfrenta a cuerpo de seguridad estamos incorporando una parte de la violencia que existe en el país. No dar esas cifras sería no presentar el cuadro completo de lo que es la violencia", dijo Alvarado a El Universal.

En segundo lugar, Alvarado señaló que no siempre los fallecimientos que integran las cifras de homicidios producto de enfrentamientos con la justicia, son muertes producidas realmente en este tipo de situaciones. Recordó que el propio Gobierno Nacional ha reconocido que en Venezuela hay un alto porcentaje de muertes ocasionadas por ejecuciones de los cuerpos policiales, por lo que subrayó que "sería un error" no colocar esa cifra de homicidios que son consecuencia del delito policial, lo que es bien sabido por el Gobierno.

"Entonces con más razón, si hay un reconocimiento del Gobierno de que ese es un problema con la policía, deben incorporarse en la cifra de homicidios", indicó Alvarado, quien puntualizó que de acuerdo a cifras de Provea, entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, 205 personas murieron por "ejecuciones" policiales, y este número "está muy por debajo" de los datos reportados por las propias instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República.

Alvarado agregó que desde el Gobierno también se ha reconocido que la policía y otros cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional (GN), participa en casi 25% de los delitos que se comenten en el país, y uno de esos delitos es la ejecución de personas.

Otra arista del análisis que hace el coordinador de Provea sobre el planteamiento del comandante del Core 5, corresponde al diseño de las políticas públicas frente al problema de la inseguridad.

Aseveró que a la hora de evaluar las causas de los homicidios, si se quita una "categoría", en este caso la de muertes generadas en enfrentamientos con la justicia, se disminuye la posibilidad de diseñar las políticas idóneas para atacar el problema.

"Si uno de los fenómenos es que hay un número importante de presuntos delincuentes que mueren en enfrentamientos, quiere decir que hay una falla en la manera como el Estado está enfrentando la delincuencia", dijo.

Resaltó que la Ley de Policía Nacional, en plena vigencia, establece que el uso que debe hacer la fuerza policial de las armas debe causar la menos cantidad de bajas posible "y esto es algo que no se cumple en Venezuela".

Añadió "aun cuando el enfrentamiento fuera cierto, una de las características que tenemos en Venezuela con los cuerpos policiales es que estos actúan para matar y no actúan para neutralizar, que es lo que establece la orientación general de lo que debe ser la actuación de los cuerpos policiales. Y en el caso de Venezuela desde que empezó la Ley de Policía Nacional lo establece para todos los cuerpos (de seguridad)", manifestó.

Medidas coyunturales Vs política integral

Para el coordinador de Provea las recientes medidas para combatir la inseguridad implementadas por el Gobierno son consecuencia de la polémica que se ha generado sobre los altos índices de violencia, lo que en su criterio, ha llevado al Gobierno a reflexionar sobre la necesidad de atender un problema que ha descuidado durante años.

Alvarado abogó porque esas medidas tengan continuidad para que permitan diseñar una política integral de seguridad ciudadana. Pero resaltó, no obstante, que para lograr esa política integral debe existir un consenso entre diversos sectores sociales y políticos.

"Uno de los errores estratégicos en materia de seguridad del Gobierno ha sido el elaborar medidas coyunturales y no políticas integrales de largo plazo".

Un punto negativo

Al referirse a las recientes medidas de seguridad, Alvarado cuestionó el empleo de la Fuerza Armada para labores de seguridad ciudadana. Señaló que el Gobierno es inconsecuente con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) sobre este respecto y además, no cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Caracazo, que le ordenó al Estado diseñar políticas de seguridad donde sólo participe la policía por su carácter civil.

Al mismo tiempo, indicó que al tratar de resolver el problema de la violencia, se podría más bien agregar un componente que sería el que se incrementen los abusos de los cuerpos armados hacia los ciudadanos.

"La experiencia en el mundo ha indicado que cuando la Fuerza Armada se saca para atender los problemas de seguridad el resultado es un incremento importante de violaciones a los derechos humanos y de allí que tenemos un gran riesgo".

Dijo que la Corte Interamericana fue precisa en ese punto, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe emitido a principios de año sobre seguridad ciudadana en las Américas, donde recomendó mantener a la Fuerza Armada al margen de esta actividad.