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El satélite venezolano Simón Bolívar, que próximamente será lanzado al espacio exterior, tendrá como uno de sus objetivos principales la ayuda a otros países, según se desprende del proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales.

De acuerdo con la exposición de motivos del referido proyecto, una de las utilidades del satélite es "ofrecer telefonía rural principalmente a los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América) en poblaciones desasistidas".

El ALBA está conformado -aparte de Venezuela- por Cuba, Bolivia, Dominica, Nicaragua y Honduras.

El lanzamiento del satélite está previsto para el primero de noviembre y su construcción y puesta en órbita -desde China- cuesta a Venezuela 241 millones de dólares, a los que se suman 165 millones por la construcción de dos sedes terrestres.

Según el Decreto presidencial 6.244 -que el presidente de la República, Hugo Chávez, no llegó a promulgar, a pesar de tenerlo listo para incluirlo en el paquete de leyes de la Habilitante-, el satélite Simón Bolívar "favorecerá la inclusión social" y se pretende con su uso "desarrollar proyectos de telemedicina y teleducación que generen impacto social y que permitan la integración de programas sociales dentro del país (...)".

Sanciones y tributos
Las multas para los operadores de telecomunicaciones, servicios postales e informáticos que incumplan con sus obligaciones fueron reordenados en el proyecto de Ley. En la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones las multas pueden ser de 5 mil unidades tributarias, 30 mil y 50 mil, en el fallido decreto presidencial se estableció multas de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil y 30 mil unidades tributarias (UT).

Aunque el monto máximo de las multas disminuyó de 50 mil a 30 mil UT, aumentaron los supuestos para ser sancionados. Por ejemplo, quienes envíen correos electrónicos masivos no deseados, tendrán que enfrentar una pena de BsF 92.000, correspondiente a 2 mil UT. Igual suma tendrá que pagar el anunciante que contrate espacios con fines publicitarios en radio y televisión abierta y por suscripción sin la correspondiente habilitación para operar.

Entre los artículos agregados al proyecto de Ley de Telecomunicaciones, el abogado Gabriel Ruan encuentra especialmente preocupante los apartados que regulan el pago de impuestos en el sector. Según Ruan, la norma amplía el destino de los fondos para el desarrollo de las telecomunicaciones a cualquier ámbito que el Gobierno considere requiere de financiamiento.

El martes, la ministra de Telecomunicaciones e Informática, Socorro Hernández, confirmó que un proyecto de Ley de ese sector sería enviado a la Asamblea Nacional para su consideración, pero al día siguiente el Presidente la desmintió.

Con información de Rebeca Fernández

Con Información De Rebeca Fernández / Reyes Theis
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